El informe de ejecuciones y torturas que hizo llorar a la presidenta de Brasil
La comisión oficial que indagó los abusos del régimen militar en Brasil (1964-1985) recomendó en su informe final juzgar a los agentes públicos que cometieron “graves violaciones de derechos humanos” en ese período, algo que hasta ahora el país ha evitado.
El documento de más de 3.000 páginas de la Comisión de la Verdad fue entregado este miércoles a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, una expresa política que fue torturada en los años 70 y se emocionó hasta las lágrimas al recibir el texto.
Rousseff aseguró que el trabajo del grupo que ella misma creó dos años y siete meses atrás ayudará a Brasil a “reconciliarse consigo mismo”, pero negó que exista un afán de “revanchismo, odio o ajuste de cuentas”.
Una ley de amnistía de 1979 impidió hasta ahora juzgar a los responsables de muertes, desapariciones y torturas del régimen militar en Brasil. Esto supone una excepción regional que ha sido criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad brasileña señaló a 377 responsables de esos crímenes y sugirió someter a juicio a aquellos que continúan vivos, casi 200 militares, policías y agentes públicos de la época.
Esto coloca a las autoridades brasileñas en la disyuntiva de seguir esas recomendaciones a riesgo de irritar a las Fuerzas Armadas, o mantener la situación jurídica vigente frustrando las expectativas de víctimas de abusos y sus familiares.
“Responsabilidad jurídica”
La Comisión de la Verdad brasileña elaboró su informe en base a documentos, testimonios de víctimas e incluso de funcionarios del régimen militar que aceptaron hablar.
Sin embargo, los propios integrantes del grupo han dicho que carecieron del apoyo de las Fuerzas Armadas para echar luz sobre ese capítulo oscuro de la historia brasileña.
La abogada Rosa Cardoso, uno de los siete miembros de la Comisión, dijo recientemente a BBC Mundo que hubo “falta de colaboración total” de los militares, algo que consideró previsible.
“Conocemos la mentalidad de nuestras Fuerzas Armadas, no tienen una mentalidad democrática”, afirmó.
El informe final señala 434 casos de personas asesinadas por el régimen, entre ellas 210 que siguen desaparecidas, pero admite que la cifra podría ser mayor.
Reclama el “reconocimiento de la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas” por los atropellos cometidos, “como elemento esencial a la reconciliación nacional y para que esa historia no se repita”.
Además recomienda que los órganos competentes determinen la “responsabilidad jurídica —criminal, civil y administrativa— de los agentes públicos que dieron causa a las graves violaciones de derechos humanos en el período investigado”.
Tres categorías
Entre los 377 identificados como responsables de abusos figuran cinco expresidentes del régimen, listados en la categoría de “responsabilidad político institucional” junto a exministros y oficiales militares.
En el nivel de “responsabilidad por la gestión de estructuras y procedimientos” figuran excomandantes de unidades militares, así como exjefes policiales y de institutos médicos legales que según la Comisión permitieron los abusos en dependencias del Estado, incluso sin haberlos cometido directamente.
Por último, en la categoría de “autoría directa de crímenes” aparecen militares y agentes que de acuerdo al informe cometieron asesinatos, desapariciones forzadas y torturas de opositores.
Del total de responsables mencionados, 196 permanecen vivos, con un promedio de edad de 82 años.
Hasta ahora 23 de ellos han sido denunciados en procesos que transcurren en la Justicia, pero ninguno fue condenado.
El argumento para reclamar que sean juzgados pese a la ley de amnistía es que esos crímenes son de lesa humanidad y por lo tanto escapan al alcance de esa norma, aprobada durante el propio régimen.
Beatriz Affonso, representante en Brasil del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), afirmó que ahora “la presidenta de la República tiene que entregar el informe a las autoridades competentes” para que comiencen acciones judiciales.
“Existe una posibilidad más amplia de que las acciones puedan ser investigadas penalmente”, dijo Affonso a BBC Mundo. “Es una obligación”.
Rousseff, que fue presa durante el régimen por pertenecer a una organización guerrillera, ha afirmado en diferentes ocasiones que piensa respetar el contenido de la ley de amnistía como lo hicieron sus antecesores.
Herencia
La Comisión de la Verdad también señaló los efectos que las acciones del régimen militar tienen hasta hoy en Brasil, por ejemplo en materia de violencia policial.
“La práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y hasta el ocultamiento de cadáveres no es extraña a la realidad brasileña contemporánea”, sostuvo.
Aunque advirtió que esos crímenes ya no ocurren en un contexto de represión política como antes, relacionó la situación actual con la falta de castigo de los abusos del régimen militar.
Entre las recomendaciones finales figura desmilitarizar la policía brasileña y crear órganos externos de contralor en el sistema carcelario.
También propone que los institutos médicos legales y de pericia criminal dejen de estar vinculados a las secretarías de seguridad pública.
Un informe de una organización no gubernamental presentado el mes pasado indicó que la policía brasileña mata en promedio seis personas por día y que entre 2009 y 2013 cobró más vidas que la policía de Estados Unidos a lo largo de tres décadas.
